Solicitan inicie controversia contra plan urbano de QR
La historia de los Mayas, no se salpica con la disputa de gobierno y ejidatarios. (Abel Desestress)
CANCÚN, Q.Roo.— Ante el “doble discurso” del gobierno estatal que asegura proteger el patrimonio ecológico e histórico de Quintana Roo, pero promueve la anulación del decreto presidencial que dio origen al Parque Nacional Tulum y a la zona de monumentos arqueológicos de Tankah, la Cámara de Diputados federal aprobó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta al presidente Felipe Calderón a iniciar una controversia constitucional contra el Programa de Desarrollo Urbano (PDDU) aprobado por el municipio de Solidaridad y publicado en el Periódico Oficial del estado.
La diputada federal del Partido de Acción Nacional, Yolanda Garmendia, informó que en esta semana se debe contar con la respuesta del Ejecutivo, respecto a iniciar formalmente el proceso de controversia constitucional que busca anular el PDDU.
El instrumento de planeación, publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo el 9 de abril —un día antes de que terminara el periodo constitucional de las alcaldías a nivel local—, reduce la categoría del área protegida de Parque Nacional (máximo estatus de protección ecológica en el país) a parque natural.
Además, incluye a éste como parte de la mancha urbana y le asigna densidades y parámetros urbanos que pueden ser cambiados por el Cabildo de Solidaridad y, más adelante, por el de Tulum cuando tenga un gobierno provisional, en tanto se convoca a la elección de su ayuntamiento, ya como el noveno municipio de Quintana Roo.
Doble discurso
“El gobierno del estado ha manejado un doble discurso. Por un lado, asegura que protege los vestigios arqueológicos y los ecosistemas ambientales ubicados dentro del polígono de área natural, a través del PDDU; pero por otro lado, en ese plan director le cambia el estatus de Parque Nacional, con carácter de expropiatorio, a Parque Natural.
“Sabemos también que el gobierno del estado sigue en la lucha jurídica para impugnar el decreto presidencial que le da a la zona la categoría de Parque Nacional, que es el nivel más alto de protección que otorga la ley ambiental”, indicó la legisladora Garmendia.
Señaló que lo más grave es que a través del Instituto de Patrimonio del estado, el gobernador priísta Félix González Canto sigue vendiendo a inversionistas extranjeros y nacionales, terrenos ubicados dentro de esa área natural protegida, bajo el argumento de que la entidad es propietaria de las tierras, al no haberse concretado la expropiación mandatada en el decreto presidencial.
“Lo más preocupante es que en el estado, las autoridades locales no respetan nada. Los ayuntamientos cambian los usos del suelo, las densidades y reparten licencias de construcción a diestra y siniestra”, explicó.
“El gobierno estatal no pone un freno y, por el contrario, permite que se den estas violaciones a los Ordenamientos Ecológicos y a los Programas de Desarrollo Urbano”, añadió.
“Pedimos desde hace un año al gobernador y al entonces alcalde de Solidaridad (Carlos Joaquín González) que si aprobaban el PDDU de Tulum —que es necesario—, sacaran de inmediato al Parque Nacional Tulum y a la zona de monumentos arqueológicos, para no dejarlo a expensas de las ambiciones inmobiliarias y políticas como está sucediendo ahora. Y aunque hubo también un punto de acuerdo al respecto, el municipio y el gobernador hicieron caso omiso”, expresó la legisladora panista.
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